La Junta Comunal 9 aprobó acompañar a familias que luchan por su vivienda en Parque Avellaneda

Por Iniciativa de la Comunera Gabriela Martinez del FPV, la Junta Comunal de la Comuna 9, por unanimidad de los presentes en su sesión semanal aprobó acompañar a las 10 familias que pelean por una vivienda digna en Lasalle 1754 del barrio de Parque Avellaneda, además de elaboraron tres notas dirigidas al Juez interviniente solicitando la postergación o suspensión de la medida, otra al Jefe de Gobierno de la Ciudad pidiendo soluciones habitaciones y una ultima a instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), con el mismo requerimiento.
10 familias corren riesgo de ser desalojadas de sus viviendas, y esto no es un tema menor, todos ellos habitantes de nuestro barrio hace más de 20 años, hombres y mujeres que nacieron, crecieron, crearon sus familias y ven crecer a sus hijos/as y nietos bajo el mismo techo, pagaron sus impuestos durante 18 años, y mientras las familias tramitaban la Prescripción Adquisitiva (usucapión de la vivienda), apareció un “vecino” que se dedica al alquiler de piezas en el mercado informal, quien les inicia un juicio en el 2006 por la Reivindicación de la Propiedad en el cual fue favorecido por la Justicia.
Hoy la balanza de la Justicia Civil Nacional, una vez más se inclina en favor de los negociados y en contra de los pobres y trabajadores/as de nuestro barrio. Una vez más el Gobierno de la Ciudad hace la vista gorda ante la emergencia habitacional de los barrios del sur de la ciudad.
Esta situación se enmarca en la gravísima y compleja situación habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que afecta a cientos de miles de personas:
El crecimiento de la población en villas y el desarrollo de un mercado inmobiliario informal;
El aumento de los desalojos con complicidad estatal; Cien mil personas fueron desalojadas en el último lustro, más de 17.000 personas viven en la calle, y 84 murieron en esa situación el año pasado.
Las nuevas ocupaciones en riesgo de desalojo permanente.

El aniquilamiento de la Ley 341 y el abandono de las cooperativas de vivienda sin terrenos ni presupuesto para iniciar obra; el encarecimiento y elitización del mercado inmobiliario formal que lo tornan inaccesible para amplias franjas de la población, por mencionar tan solo algunos puntos.

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