La Camara de Senadores de la Nación aprobó el pliego de Cesar Milani, con 39 votos a favor y 30 en contra, de esta forma fueron ascendidos los jefes del Ejército, César Milani, a teniente General; de la Armada, Gastón Erice, a Almirante; de la Fuerza Aérea, Mario Callejo, a brigadier General; y del Estado Mayor Conjunto, Luis María Carena, a general de División.
A pesar de las criticas e impugnaciones de la oposición y de organismos de Derechos Humanos, por expreso pedido de la Presidenta de la Nación fue aprobado el ascenso, en el día de ayer el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) ratificó su impugnación al ascenso del general César Milani y aportó nueva información y argumentos adicionales que fundamentan su decisión.
Milani solicitó al CELS formular un descargo ante la impugnación, por lo que el organismo le envió un cuestionario con los puntos que consideró necesarios sean aclarados respecto a su rol dentro del aparato represivo del terrorismo de Estado. Sin embargo, las respuestas de Milani no disipan el cuestionamiento anterior.
Por el contrario, agregan elementos que hacen inconveniente su ascenso y su permanencia como jefe de Estado Mayor del Ejército y son contradictorias con fallos de la justicia que tienen autoridad de cosa juzgada y con la información pública disponible sobre aquellos años.
La presentación fue enviada al presidente de la Cámara de Senadores de la Nación, Amado Boudou, y a los jefes de bloque de las distintas fuerzas políticas.
Se produjo un duro debate en el Senado con acusaciones cruzadas entre las bancadas del oficalismo y la oposición, como ejemplo de esto vale el cruce entre Luis Juez (FAP-Córdoba) instó a los legisladores K a “tomar conciencia de lo que van a hacer, que es terriblemente grave para la democracia” y les pidió que no convaliden el pliego y la respuesta de Rodolfo Urtubey que replicó: “No voto esto por disciplina boba, sino con la convicción de la confianza en el juicio de la Presidenta”.
El jefe del Ejército es investigado en la Justicia Federal de Tucumán por la desaparición en 1976 del soldado Alberto Ledo durante el Operativo Independencia. En La Rioja, el ex preso político lo acusó Ramón Olivera por tortura y de participar en la detención ilegal de su padre en marzo de 1977. Y también fue apuntado por los familiares del periodista riojano Oscar Schaller como “uno de los responsables de la privación ilegítima de su libertad”. Aunque no está procesado en ninguna de esas causas.
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