Comuneros y la Defensoría del Pueblo visitaron la cooperativa “La Lechería” en Parque Avellaneda tras denuncias de intento de desalojo
Integrantes de la Junta Comunal 9 recorrieron el predio de la cooperativa de vivienda conocida como “La Lechería”, ubicado en el barrio porteño de Parque Avellaneda, en medio de la preocupación de los vecinos por un presunto intento de desalojo ocurrido recientemente. La visita se realizó junto a representantes de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de interiorizarse sobre la situación que atraviesan las familias que habitan el lugar.
Según señalaron los residentes del predio, hace pocos días personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ingresó al lugar sin autorización con la intención de avanzar en un desalojo. De acuerdo con lo manifestado por los vecinos, la medida habría sido justificada por un supuesto riesgo de derrumbe de las construcciones existentes, situación que, aseguran, no tendría sustento técnico.
El complejo habitacional funciona bajo el marco de la Ley 341, normativa que promueve el acceso a la vivienda mediante cooperativas y organizaciones comunitarias. En ese contexto, quienes viven en el lugar sostienen que el proyecto cuenta con respaldo legal y que el ingreso de autoridades sin previo aviso generó preocupación entre las familias que integran la cooperativa.
Durante la recorrida estuvieron presentes los comuneros Lorena Crespo, Juan José Chaves y Alberto Espiño, miembros de la Junta Comunal 9, quienes se acercaron al lugar junto a representantes de la Defensoría del Pueblo para dialogar con los vecinos y conocer de primera mano los reclamos planteados.
El predio visitado se encuentra sobre la avenida Derqui, entre las calles Medina y De la Salle, dentro del área correspondiente al barrio de Parque Avellaneda. Allí funciona desde hace tiempo la cooperativa “La Lechería”, integrada por familias que impulsan un proyecto habitacional colectivo amparado por la legislación vigente en materia de vivienda social.
Durante el encuentro, los comuneros escucharon los planteos de los residentes y manifestaron su intención de acompañar el reclamo vecinal frente a cualquier medida que consideren arbitraria. En ese sentido, remarcaron la importancia de garantizar el respeto de los marcos legales que regulan los proyectos cooperativos de vivienda en la Ciudad.
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo se comprometieron a seguir de cerca la situación y a analizar las circunstancias vinculadas al ingreso de personal del Ejecutivo porteño al predio, con el objetivo de determinar si se cumplieron los procedimientos correspondientes.
Los vecinos, en tanto, reiteraron su preocupación por la posibilidad de que se avance con medidas que afecten la continuidad del proyecto habitacional y solicitaron que se establezca una instancia de diálogo con las autoridades de la Ciudad para aclarar el estado de la propiedad y las condiciones de seguridad del lugar.
El conflicto vuelve a poner en debate la situación de distintas cooperativas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que funcionan bajo esquemas de organización comunitaria y que, en muchos casos, requieren instancias de articulación entre el Estado y los vecinos para garantizar la continuidad de los proyectos y el derecho al acceso a la vivienda.