La Justicia porteña ordenó la continuidad de 8 centros inclusivos
El Juez porteño Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,que asegure el funcionamiento de ocho centros inclusivos (Proyectos Pedagógicos Complementarios) en zonas de alta vulnerabilidad social de la ciudad
el magistrado fundamento la decisión en considerar que estos centros son muy importantes dada las condiciones socioeconomicas de los lugares donde se encuentran ubicados y los servicios que brindan.
Gallardo expresó “La proximidad del cese de los Proyectos Pedagógicos Complementarios, cuya fecha está prevista para el 1° de agosto próximo justifican la intervención urgente de este Juzgado de Feria, dado que es recién en dicha fecha cuando se retomará la actividad judicial normal“. El ministerio de Educación porteño tenía planificado cerrarlos los centros a partir del 1 de agosto, pero el magistrado Roberto Gallardo dictó una medida cautelar por pedido de la Asesoría Tutelar.
el magistrado porteño ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de Educación) que mantenga la vigencia de los Proyectos Pedagógicos Complementarios implementados por Resoluciones N° 512/SED/04, 1138-SED/04, 452/MEGC/07, 2302-MEGC/07, 561-SSGECP/13, 4-SSGECP/15 y 23/SSCPEE del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Escuelas de Educación Media N° 2 del Distrito Escolar 20°, N° 2 del Distrito Escolar 16°; N° 4 del Distrito Escolar 19°; N° 6 del Distrito Escolar 1°; N° 2 del Distrito Escolar 13°; N° 2 del Distrito Escolar 14°; N° 3 del Distrito Escolar 10° y N° 6° del Distrito Escolar 5°, y garantice su continuidad mediante las medidas de acción positiva que pudieran resultar necesarias”.
Según lo dispuesto, “la manda cautelar tendrá vigencia hasta que exista sentencia definitiva y firme en estos actuados, debiendo cualquier modificación a los planes y/o los proyectos tratados en el sub lite actualmente vigentes, ser autorizada previamente por el Tribunal interviniente”.
Gallardo consideró que “teniendo en cuenta que se encuentra en riesgo la continuidad de programas de apoyo que se serían imprescindibles para el desarrollo escolar de los afectados, es dable considerar que de no revertirse la situación actual se efectivizará indebidamente la afectación a los derechos fundamentales de los adolescentes cuya protección se requiere”.{jcomments on}