En una cobertura especial de CNN en Español se describe en un informe periodístico el estado de situación de una denuncia de la Justicia al Mercado de Hacienda del barrio de porteño de Mataderos que se encuentra a muy poco tiempo de mudarse a su nueva sede en Cañuelas Provincia de buenos Aires.
En un extenso trabajo de investigación periodística la cadena internacional en su versión en español, se describe que en Argentina, la actividad ganadera está en la mira de la justicia por la presunta contaminación de aguas.
El juez federal Sebastián Casanello procesó por segunda vez a Roberto Juan Arancedo, presidente del Mercado de Hacienda de Liniers en 2017, emblema de la ganadería en el país, por la supuesta contaminación del agua con efluentes de los corrales de vacunos, según los fallos a los que accedió CNN.
Arancedo, quien niega las acusaciones, sumó así un segundo procesamiento por la posible contaminación del arroyo Cildañez, que se extiende por más de 11 kilómetros y pasa por el barrio de Mataderos, donde se encuentra emplazado el mercado, y pertenece a la cuenca del río Matanza Riachuelo, cuyas aguas ya se encuentran altamente contaminadas por desperdicios industriales y urbanos.
La contaminación de las aguas en perjuicio de la salud puede implicar penas de entre tres y 10 años de prisión, de acuerdo con la ley argentina de residuos peligrosos.
Además, el fallo resaltó que la descarga de efluentes debe ser previamente autorizada por los organismos de control, algo que endilgan al empresario haber incumplido.
La acusación sostiene que, entre abril de 2017 y marzo de 2018, el entonces presidente de Mercado de Liniers SA, Arancedo, volcó al arroyo lindero con el mercado los “efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno generados a su vez por el lavado de camiones y escurrido de agua en el sector de corrales y atracaderos de esa empresa, sin el permiso correspondiente y en infracción a la normativa ambiental”, según el fallo.
La causa se inició en junio de 2018, tras una denuncia de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Arancedo ya había sido procesado por el juez en octubre de 2019, quien lo acusó de ser “responsable de la comisión del delito de contaminación de aguas” del mismo arroyo, en otro capítulo del caso.
El magistrado también prohibió al empresario salir del país y le dictó en ese momento un embargo de 5 millones de pesos —entonces equivalentes a unos US$ 61.400, de acuerdo con la cotización oficial—, además de un segundo embargo idéntico contra la compañía que administra el Mercado de Liniers.
El caso está camino a un juicio oral y público que aún no tiene fecha de inicio y cuyos trámites están en etapa preliminar, explicó a CNN el abogado de Arancedo, Enrique Munilla.
El Mercado de Liniers tiene un protagonismo en la economía argentina: es el centro de comercialización del ganado vacuno que termina en los frigoríficos de la zona más poblada del país y, en especial, del Gran Buenos Aires, de acuerdo con datos de su sitio oficial.
El mercado se instaló en el barrio de Mataderos en 1884, cuando Argentina emergía como un país ganadero. El nombre del barrio viene justamente de la actividad que se desarrollaba en el área: la matanza de los animales por parte de los frigoríficos. En 1992, fue privatizado y quedó a cargo de una empresa concesionaria que explota y gestiona el complejo hasta la actualidad. Mercado de Liniers SA es administrada por empresas que operan en el predio, según el sitio oficial de la compañía. Arancedo presidió el directorio en 2017 y parte de 2018.
La ganadería es una de las principales actividades apuntadas por varios ambientalistas y organizaciones como Greenpeace de ser causante de la crisis climática, ya que recurre a la deforestación de bosques nativos para la extensión de los campos de cría de ganado y la plantación de soja y otras fuentes de alimentación de los animales que terminarán siendo llevados, en parte, al Mercado de Liniers y los frigoríficos del país y el exterior.
En este segundo procesamiento, se amplió la acusación contra Arancedo y se duplicaron ambos embargos en pesos. Se estableció que la compañía que presidía “también había volcado efluentes líquidos con sustancias contaminantes por encima de los valores permitidos por la normativa”, otra supuesta falta a la ley, según el fallo del juez Casanello del 9 de septiembre.
En el primer procesamiento de Arancedo, en 2019, el juez se basó en nueve informes oficiales de los organismos de control ambientales, tanto del gobierno nacional (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Acumar) como de la Ciudad (Agencia de Protección Ambiental, APRA), que midieron los niveles de toxicidad de efluentes volcados al arroyo, entre otras medidas.
Los informes oficiales determinaron que los parámetros evaluados en los efluentes volcados superaban el límite admisible de sulfuro, DQO (demanda química de oxígeno), fósforo total y coliformes fecales, así como de nitrógeno amoniacal y DBO5 (demanda biológica de oxígeno). En una de las tomas detectaron más del doble de fósforo tolerable y, en otra, 11 veces el máximo permitido, de acuerdo con el fallo.
Las autoridades también se centraron en la posible contaminación de las aguas con patógenos, especialmente con la bacteria Escherichia coli, producto del arrastre de materia fecal de los animales destinados a la comercialización.
“La presencia de estos microorganismos en un cuerpo de agua superficial reviste un serio riesgo a la salud para toda la población que pueda entrar en contacto con el mencionado recurso de agua como así también para otros organismos vivos”, sostuvo la Fiscalía en su denuncia.
El juez estableció, con base en los informes oficiales, que la empresa no tenía certificado de aptitud ambiental ni había presentado un informe de impacto ambiental obligatorio por ley.
El abogado de Arancedo dijo a CNN que el expresidente de Mercado de Liniers SA niega haber volcado efluentes contaminados o sin tratamiento al arroyo, y agregó que las aguas del Cildáñez ya están contaminadas cuando pasan por las inmediaciones del predio, debido a la presunta contaminación de otras industrias.
Ante el juez Casanello, la defensa sostuvo en un escrito que “las heces del ganado producen mínimo impacto ambiental y presentan baja peligrosidad dada su degradabilidad por el transcurso del tiempo y su baja toxicidad”.
Agregó que “se había implementado con la participación de distintos organismos un sistema de tratamiento de los efluentes por medio de geodesecadores, el cual entendía que resultaba eficiente y suficiente a fines de satisfacer los estándares de protección ambiental”. Los geodesecadores son mangas que filtran las sustancias.
Además, el abogado manifestó ante el juzgado que, en los años anteriores a las inspecciones y denuncias, “funcionarios de las distintas autoridades competentes tenían conocimiento del vuelco de los efluentes y del sistema de tratamiento adoptado” y que no habían presentado quejas en su momento.
La defensa de Arancedo planteó también que “el vuelco de los efluentes líquidos del Mercado al arroyo Cildáñez se realizaba con anterioridad al otorgamiento de la concesión producido en el año 1992, cuando aquél era explotado por el Estado Nacional” y que “según la licitación, la adopción de medidas de adecuación de las instalaciones excedía a sus obligaciones como concesionario”, según el escrito de la causa.
Arancedo dejó la presidencia de Mercado de Liniers SA en 2018. Oscar Subarroca, actual presidente de Mercado de Liniers SA, declinó comentar sobre el caso ante la consulta de CNN, debido a que la causa judicial se encuentra aún en trámite, pero afirmó que el mercado de hacienda comenzará su retirada del actual predio que ocupa en el barrio de Liniers desde hace unos 120 años.
La relocalización se iniciará el 18 de noviembre y el mercado de ganado se instalará en la localidad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, aclaró Subarroca. Una de las causas del traslado es justamente ambiental, según consta en la causa judicial.
La causa se inició en junio de 2018, tras una denuncia de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, pero la detección de las supuestas irregularidades comenzaron en enero de 2017, cuando la Acumar, el organismo que debe velar por el cuidado de la cuenca, reportó a Mercado de Liniers SA que había detectado en varias oportunidades la presencia de sustancias con apariencia de estiércol en el arroyo Cildáñez y alrededores, según consta en los fallos de 2019 y septiembre pasado.
Durante la inspección en las instalaciones del mercado, Acumar apuntó otras presuntas faltas, entre ellas, tres zonas de descarga de efluentes al río, dos con geodesecadores y el tercero sin ningún sistema de tratamiento, de acuerdo con el expediente. También intervino la APRA de la Ciudad, según la causa.
En febrero de 2017, tras una serie de inspecciones y reportes, las autoridades ambientales dieron a Arancedo un plazo de 72 horas para sellar “toda conexión antirreglamentaria que produjera vuelco de efluentes”. Arancedo respondió que cumpliría con todas las exigencias, pero tanto en abril y septiembre de 2017 como en marzo de 2018, durante nuevas inspecciones, las autoridades detectaron que nada había cambiado, según consta en el escrito de procesamiento del empresario.
En marzo de 2018, la Agencia de Protección Ambiental ordenó la clausura de varias zonas de tratamiento de efluentes y vuelco al arroyo. Las autoridades también denunciaron a Arancedo por haber levantado esta clausura y haber continuado con el vertido de aguas supuestamente contaminadas.
Arancedo dijo ante el juzgado que contaba con autorización de emergencia para que, en casos de lluvias extremas, se rehabilitaran los desagües con el fin de evitar inundaciones en el predio y el barrio vecino, y así “garantizar la salubridad y seguridad del público asistente, como de los trabajadores y vecinos linderos”, según un escrito presentado por su defensa.
