La Justicia frenó las obras en el Polideportivo Santojanni
La Justicia porteña ordenó suspender de manera inmediata las obras que se desarrollaban en el Polideportivo Santojanni, ubicado en el barrio de Liniers, luego de un amparo presentado por vecinos que cuestionan el convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una empresa privada para la instalación de nuevas canchas deportivas dentro del predio.
La medida precautelar fue dictada por el Juzgado N° 22 y alcanza tanto a los trabajos que actualmente se encontraban en ejecución como al acuerdo celebrado con la firma Trixma SRL. La resolución judicial obliga además al Ejecutivo porteño a presentar en un plazo de cinco días distintos informes vinculados con la situación urbanística del lugar, el impacto ambiental de las intervenciones y la legalidad del convenio cuestionado.
El conflicto se originó a partir del avance de obras destinadas a construir cuatro canchas de pádel dentro del polideportivo, una iniciativa que despertó preocupación entre vecinos, usuarios habituales del espacio y representantes comunales de la Comuna 9. Las críticas apuntaron principalmente a la falta de información pública previa, la ausencia de cartelería explicativa y la posibilidad de que parte del predio termine destinado a actividades privadas en un espacio históricamente utilizado por la comunidad.
El amparo judicial fue impulsado por residentes de la zona con el acompañamiento del Ministerio Público de la Defensa. Desde el colectivo vecinal “No a la privatización del poli” señalaron que la decisión judicial representa un avance importante en el reclamo que vienen sosteniendo desde hace meses para exigir mayor transparencia sobre el proyecto.
De acuerdo con la resolución, el Gobierno porteño deberá informar si el predio posee la catalogación de Área de Urbanización Parque (UP) o si cuenta con algún tipo de protección patrimonial o histórica. Además, la jueza solicitó precisiones sobre el impacto de las obras en el arbolado existente y sobre la eventual reducción de superficie absorbente dentro del complejo deportivo.
Los vecinos sostienen que las intervenciones podrían alterar las características ambientales del lugar y afectar uno de los principales espacios públicos deportivos de la zona oeste de la Ciudad. También remarcan que el predio cumple una función social relevante para cientos de familias, clubes barriales y actividades recreativas que se desarrollan diariamente.
Desde la Comuna 9, la comunera Lorena Crespo respaldó el fallo y afirmó que la resolución judicial “reconoce el reclamo vecinal” frente a la falta de respuestas oficiales sobre el alcance de las obras. En declaraciones difundidas tras conocerse la medida, destacó el trabajo de organización barrial y sostuvo que la suspensión permanecerá vigente hasta que el Gobierno de la Ciudad aporte la información requerida por la Justicia.
Por su parte, integrantes del grupo de vecinos señalaron que la cautelar constituye “un llamado a rendir cuentas” por parte de la administración porteña y remarcaron que la resolución advierte sobre la posible existencia de irregularidades en el convenio firmado con la empresa privada.
El debate sobre el uso de espacios públicos deportivos comenzó a profundizarse a fines de 2025, cuando se iniciaron los primeros movimientos de obra dentro del polideportivo. En aquel momento, desde la Secretaría de Deportes de la Ciudad explicaron que el acuerdo correspondía a un “permiso de uso” y no a una concesión formal. Sin embargo, esa aclaración no logró desactivar las críticas de vecinos y organizaciones barriales, que continuaron reclamando acceso a la documentación completa del proyecto.
La preocupación también se relaciona con el antecedente de otros espacios públicos de la Ciudad donde distintos sectores vecinales denunciaron procesos de privatización parcial o limitaciones al acceso comunitario. En el caso del Polideportivo Santojanni, los residentes sostienen que cualquier modificación estructural debe realizarse con instancias previas de participación ciudadana y estudios ambientales adecuados.
Mientras la causa judicial continúa su curso, las obras permanecerán paralizadas hasta que el Gobierno porteño entregue los informes solicitados y la Justicia defina si corresponde mantener o ampliar la medida cautelar. En paralelo, los vecinos anticiparon que seguirán movilizados para defender el uso público del predio y exigir garantías sobre la preservación ambiental y social del espacio deportivo.