La Corte Suprema de Justicia benefició a genocidas con el 2×1
En una polemica y cuestionada decisión en fallo dividido la Corte Suprema de Justicia de la Nación benefició a genocidas con el famoso “2×1”, Tres jueces decidieron aplicar la ley “del 2×1” aunque el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran detenidos. La decisión de la mayoría
formada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, declaró aplicable la ley 24.390, ya derogada, pero que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y reduce el cómputo de la prisión porque se trata de la ley más benigna. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la misma línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.
“La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”, afirmó Highton de Nolasco quien hace unas semanas denunciaba una ofensiva en su contra para hacerla renunciar al cargo y que repentinamente ceso el acoso contra ella
En este fallo de la corte que sirve como jurisprudencia para los demás casos, el represor Luis Muiña, fue beneficiado por el 2×1, es un un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de 2007 y fue condenado a fines de 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas. Fue el propio tribunal Oral Federal 2 el que le computó la pena ya reducida. Luego la Sala IV de la Cámara de Casación lo revocó, y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta la Corte. Desde el año pasado gozaba de libertad condicional. la medida de la corte representa un cambio profundo en la mirada con respecto a las penas contra los represores y los condenados por crimenes de lesa humanidad y un retroceso en materia de derechos en clara sintonia unavez mas el poder judicial con el poder politico de turno.