Mataderos: procesan a tres acusados de explotar a un jubilado de 84 años
La Justicia federal procesó con prisión preventiva a tres personas acusadas de someter a explotación laboral a un hombre de 84 años en el barrio porteño de Mataderos. Según la investigación judicial, la víctima era obligada a pedir dinero en la vía pública mientras los imputados administraban los ingresos de su jubilación y retenían documentación personal indispensable para el cobro de sus haberes.
La medida fue dictada por el juez federal Julián Ercolini, a partir de una investigación impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, que permitió reconstruir una situación de extrema vulnerabilidad y sometimiento sufrida por el adulto mayor durante varios meses.
De acuerdo con la resolución judicial, los tres acusados —una mujer de 39 años y dos hombres de 64 y 65 años— fueron considerados responsables del delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por la edad de la víctima, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad y la participación conjunta de varias personas en la maniobra.
Además de ordenar la prisión preventiva de los imputados, el magistrado dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre cada uno de ellos y el embargo preventivo de la vivienda donde residía la víctima y donde también habitaban los procesados.
La investigación determinó que el hombre habría permanecido bajo condiciones de sometimiento al menos entre marzo y mayo de 2026. Durante ese período, los acusados habrían ejercido un control total sobre distintos aspectos de su vida cotidiana, aprovechándose de su avanzada edad, de sus problemas de salud y de su precaria situación económica.
Según surge del expediente, la víctima era enviada a pedir dinero en una esquina de Mataderos, mientras los imputados se encargaban de administrar los fondos provenientes de su jubilación. La situación incluía la retención de su Documento Nacional de Identidad y de la tarjeta de débito utilizada para percibir sus haberes previsionales.
En su resolución, el juez destacó que el jubilado desconocía incluso el monto que cobraba mensualmente, una circunstancia que consideró reveladora del grado de control que ejercían los acusados sobre su patrimonio y sus decisiones personales.
El magistrado sostuvo que los imputados trataron al hombre como un objeto destinado a generar beneficios económicos, privándolo de la posibilidad de ejercer libremente su voluntad y decidir sobre aspectos esenciales de su vida.
La causa se inició en marzo de este año a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), luego de que una llamada anónima a la línea 145 alertara sobre una posible situación de servidumbre.
A partir de esa información, la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 comenzó una serie de tareas investigativas que permitieron identificar el domicilio donde residía el hombre y establecer vínculos con los sospechosos.
Las pruebas reunidas llevaron a la realización de un allanamiento el pasado 18 de mayo. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron a la víctima alojada en una habitación en condiciones extremadamente precarias.
Fuentes judiciales señalaron que el hombre se encontraba rodeado de residuos, restos de excrementos y orina, en un ambiente que no reunía condiciones mínimas de higiene ni salubridad. La escena observada por los investigadores fue considerada uno de los elementos más contundentes para acreditar la situación de explotación denunciada.
Asimismo, durante el operativo se secuestró documentación perteneciente a la víctima que estaba en poder de uno de los acusados, entre ella su DNI y la tarjeta bancaria utilizada para cobrar la jubilación.
La causa quedó encuadrada dentro de los delitos de trata de personas con fines de explotación, una figura penal que contempla no sólo la captación o traslado de víctimas, sino también el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad para obtener beneficios económicos mediante distintas formas de sometimiento.
Para la Justicia, la avanzada edad del damnificado constituyó un factor determinante en la configuración del delito. La resolución judicial destaca que los acusados habrían explotado deliberadamente las limitaciones físicas, económicas y sociales de la víctima para mantenerla bajo control y obtener un rédito económico.
El expediente continúa avanzando mientras se profundizan distintas medidas de prueba. En tanto, el hombre fue asistido por organismos especializados y puesto bajo resguardo para garantizar su protección y el acceso a condiciones de vida dignas.