Movimientos sociales lanzan un plan de protestas con marchas y una posible movilización federal
Liniers será el punto de partida de la marcha nacional contra el Gobierno: movimientos sociales preparan un amplio plan de protestas
Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de izquierda reunidas en Territorios en Lucha y distintos gremios combativos definieron una nueva etapa de protestas contra las políticas del gobierno de Javier Milei. El cronograma contempla movilizaciones, actos, piquetes y diversas acciones de protesta que se extenderán durante los próximos meses y que, según los organizadores, podrían culminar con una Marcha Federal y un paro general, aunque esta última medida todavía no fue confirmada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El eje central de las demandas está vinculado a la situación social y económica que atraviesan los sectores más vulnerables. Entre los principales reclamos figuran la continuidad del Salario Social Complementario, la revisión de la decisión oficial de cerrar el programa Volver al Trabajo y la reactivación de las obras de integración socio urbana que, según denuncian las organizaciones, permanecen paralizadas en distintos puntos del país.
La convocatoria más cercana será la tradicional marcha de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto. Como ocurre desde hace una década, la movilización partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y finalizará en Plaza de Mayo. En esta oportunidad, además de los movimientos sociales, participarán de manera orgánica la CGT y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), en lo que se perfila como una de las manifestaciones más importantes del año.
El fallo judicial que aceleró el conflicto
La definición del plan de lucha se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara una medida cautelar que impedía al Ministerio de Capital Humano avanzar con el cierre del programa Volver al Trabajo, iniciativa que había reemplazado al Potenciar Trabajo.
Con esta resolución judicial, el Gobierno quedó habilitado para discontinuar definitivamente el programa durante agosto. De concretarse la medida, más de 900.000 beneficiarios dejarían de percibir la prestación mensual de 78.000 pesos que actualmente reciben.
Además, el fallo abre la posibilidad de implementar un nuevo esquema basado en vouchers destinados a capacitación laboral, propuesta que ya había sido anunciada por la ministra Sandra Pettovello como parte de la reorganización de la política social.
La decisión judicial fue interpretada por las organizaciones sociales como un punto de inflexión que profundizará el conflicto con la administración nacional y motivó la aceleración de las medidas de protesta previstas para las próximas semanas.
Preocupación por el impacto económico
Desde la UTEP sostienen que la eliminación del programa tendrá consecuencias directas sobre las economías regionales y el consumo interno.
La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que la pérdida de esos ingresos afectará no solo a las familias beneficiarias sino también a pequeños comercios de barrio, almacenes, kioscos y verdulerías, debido a la reducción del dinero que actualmente circula en las economías locales.
En esa misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, aseguró que el objetivo del plan de lucha es profundizar la articulación con la CGT y las dos CTA para mantener la presión sobre el Gobierno frente al escenario económico actual.
Según explicó, una de las principales preocupaciones es el crecimiento del endeudamiento de las familias. El dirigente señaló que millones de personas quedaron fuera del sistema formal de crédito debido al incremento de la morosidad y alertó sobre la expansión de mecanismos informales de financiamiento que, según denunció, en algunos casos están vinculados al narcotráfico, el juego clandestino y préstamos con condiciones abusivas.
Un cronograma de protestas que se extenderá hasta octubre
Las organizaciones sociales ya definieron una agenda de actividades que abarcará distintos sectores afectados por la situación económica.
El 22 de julio acompañarán una nueva movilización de jubilados, mientras que entre el 3 y el 4 de agosto está prevista una Marcha Educativa impulsada por gremios docentes, que analizan convocar a un paro para el reinicio del ciclo lectivo.
Durante la primera quincena de agosto también se realizará una protesta frente al Consejo del Salario para reclamar un incremento del Salario Social Complementario y su actualización en función del salario mínimo.
Otra de las acciones previstas será una movilización al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Antes de esa convocatoria, las organizaciones desarrollarán una campaña de difusión con volanteadas en estaciones ferroviarias y otros espacios públicos de alta circulación.
El cronograma continuará el 2 de septiembre, Día de la Industria, con un encuentro entre trabajadores y empresarios pymes que cuestionan las políticas económicas del Ejecutivo nacional.
Posteriormente, las organizaciones participarán de actividades vinculadas con la Semana Social de la Iglesia y proyectan para octubre una Marcha Federal que buscará reunir a distintos sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunitarios. En ese marco también mencionan la posibilidad de un paro general, aunque esa medida todavía no fue oficializada por la CGT.
Críticas al rumbo económico
Desde otros espacios sociales también cuestionaron las decisiones del Gobierno nacional.
Silvia Saravia, referente de Libres del Sur, sostuvo que las medidas oficiales afectan especialmente a jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y trabajadores, y consideró que el ajuste impacta sobre el consumo y el funcionamiento de la economía.
Mientras tanto, los movimientos sociales también permanecen atentos a una eventual visita del papa León XIV a la Argentina. Aunque el Vaticano no confirmó oficialmente ese viaje, las organizaciones consideran que, de concretarse, representaría una instancia de fuerte movilización social.
Con un calendario de protestas que se extenderá durante varios meses y la incorporación de centrales sindicales a algunas de las convocatorias, el escenario anticipa un nuevo período de conflictividad social en el que los reclamos por la asistencia social, el empleo y el poder adquisitivo volverán a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.