Condenan a AySA por daños cloacales en Mataderos
La Justicia Civil y Comercial Federal condenó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a indemnizar con más de 10,6 millones de pesos a una vecina del barrio porteño de Mataderos que durante años padeció reiterados desbordes cloacales, filtraciones de agua y graves daños estructurales en una propiedad de su titularidad. Además de la reparación económica, el fallo ordenó a la empresa ejecutar de manera inmediata las obras necesarias para solucionar definitivamente las deficiencias en la red sanitaria que originaron el conflicto.
La sentencia fue dictada por el juez subrogante Marcelo Gota, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 6, quien consideró acreditada la responsabilidad de la empresa estatal por la falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura cloacal y por no haber brindado una solución definitiva pese a los reiterados reclamos realizados por la damnificada.
La causa se inició a partir de la demanda promovida por la propietaria de un inmueble ubicado en Mataderos, quien denunció que durante varios años sufrió constantes desbordes de aguas servidas provenientes de la red pública. Según surge del expediente, los derrames afectaban tanto el interior de la propiedad como el espacio público, provocando contaminación ambiental, olores persistentes, deterioro edilicio y serias dificultades para desarrollar actividades comerciales en el lugar.
Durante el proceso judicial, AySA rechazó las acusaciones y sostuvo que las fallas denunciadas podían obedecer a factores ajenos a la empresa. Asimismo, argumentó que algunos de los hechos mencionados por la demandante se remontaban a períodos anteriores a la creación de la compañía, en 2006. Sin embargo, esos planteos fueron desestimados por el magistrado, quien consideró que la prueba reunida demostraba de manera contundente la existencia de deficiencias en la red bajo responsabilidad de la prestadora del servicio.
Uno de los aspectos más relevantes de la causa estuvo relacionado con las pericias técnicas ordenadas por el tribunal. El informe elaborado por un ingeniero designado judicialmente concluyó que los desbordes se originaban en problemas estructurales de la red cloacal pública y que las tareas de conservación y mantenimiento correspondían exclusivamente a AySA.
La pericia también determinó la existencia de una pérdida de agua de significativa magnitud que provocó la saturación del suelo, generando hundimientos en el acceso vehicular de la propiedad y comprometiendo la estabilidad de sectores cercanos a los cimientos del inmueble.
A ello se sumó una pericia informática que permitió reconstruir el historial de intervenciones realizadas por la empresa en la zona. El análisis reveló la existencia de numerosas órdenes de trabajo emitidas entre 2019 y 2022 para atender obstrucciones, anegamientos y desbordes. Para el juez, ese elemento constituyó una prueba determinante de que la empresa tenía conocimiento de la problemática y de que las acciones implementadas resultaron insuficientes para resolverla de manera definitiva.
En los fundamentos de la resolución, el magistrado señaló que las intervenciones efectuadas por AySA tuvieron un carácter meramente transitorio y no evitaron la reiteración de los episodios denunciados. En consecuencia, concluyó que existió una conducta negligente por parte de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones.
La sentencia reconoció diversos conceptos indemnizatorios. Entre ellos se incluyeron los gastos necesarios para reparar los daños sufridos por el inmueble, las consecuencias derivadas de la pérdida de agua y una compensación por lucro cesante vinculada a la imposibilidad de alquilar la propiedad.
Respecto de este último punto, el juez consideró acreditado que la propietaria no pudo volver a arrendar el inmueble luego de la finalización de un contrato de locación debido a las condiciones generadas por los desbordes cloacales. Por ese motivo, fijó una indemnización de cinco millones de pesos.
Asimismo, el fallo reconoció una suma de tres millones de pesos por daño moral, al entender que la damnificada atravesó durante años una situación de angustia, incertidumbre y frustración provocada por la persistencia del problema y la ausencia de respuestas eficaces.
La resolución también incorporó una multa civil de dos millones de pesos en concepto de daño punitivo. El magistrado consideró que la conducta desplegada por la empresa evidenció una marcada desatención frente a los reclamos de la usuaria, ya que pese a las sucesivas intervenciones nunca se adoptaron medidas capaces de evitar la continuidad y agravamiento de los daños.
De esta manera, la condena total asciende a 10.659.764,65 pesos, monto al que deberán adicionarse los intereses calculados según la tasa activa del Banco Nación desde marzo de 2022 hasta el momento de su efectivo pago, además de las costas del proceso judicial.
Más allá del resarcimiento económico, el fallo incorpora una medida de especial relevancia para la vecina afectada y para los habitantes de la zona: la obligación de AySA de ejecutar las obras necesarias para reparar en forma definitiva la infraestructura cloacal que originó los inconvenientes. El objetivo es evitar nuevos episodios de contaminación, preservar las condiciones sanitarias del sector y garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial.
Aunque se trata de una sentencia de primera instancia y aún puede ser apelada, la resolución constituye un antecedente significativo en materia de responsabilidad de las empresas prestatarias de servicios públicos frente a los daños ocasionados por deficiencias en la infraestructura urbana y la falta de respuestas efectivas ante los reclamos de los usuarios.