La Legislatura pidió informes por el estado del Barrio Justo Suárez

La resolución aprobada por el Parlamento porteño exige al Gobierno de la Ciudad información sobre la conservación, el mantenimiento y las obras previstas en 18 conjuntos habitacionales. Entre ellos se encuentra el histórico complejo de Mataderos, reconocido por su experiencia de construcción con participación de los vecinos.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer en detalle la situación edilicia y las condiciones de mantenimiento de 18 conjuntos habitacionales porteños. Entre los barrios incluidos en el requerimiento figura el complejo Justo Suárez de Mataderos, un desarrollo emblemático por su historia y por haber incorporado la participación de sus propios habitantes en el proceso de construcción.

La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 541-2026, votada durante la sesión del pasado 5 de noviembre y promovida por las legisladoras Victoria Freire y Bárbara Rossen. El objetivo es que el Gobierno porteño brinde información precisa sobre el estado actual de estos conjuntos, las intervenciones realizadas y las obras que se encuentran previstas para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

El pedido contempla distintos aspectos vinculados con la situación de los edificios y sus espacios comunes. Entre otros puntos, solicita detalles sobre el estado de conservación de las construcciones y de la infraestructura, los programas de mantenimiento vigentes, las reparaciones ejecutadas, las intervenciones pendientes y los proyectos de mejora.

También requiere información sobre la situación dominial de los inmuebles, el presupuesto destinado a cada complejo y el nivel de ejecución de las partidas asignadas. La intención es determinar qué acciones lleva adelante la administración porteña para atender las necesidades de las familias que viven en estos barrios y evitar el deterioro progresivo de sus viviendas y espacios compartidos.

Una historia ligada a la participación vecinal

El Barrio Justo Suárez, delimitado por la avenida Lisandro de la Torre y las calles Timoteo Gordillo y Bragado, tiene una historia particular dentro de la política habitacional de Buenos Aires. Su origen se remonta a 1954, cuando 122 familias ocuparon terrenos que estaban destinados a la ampliación del Hospital Salaberry y conformaron el asentamiento conocido como Villa 7.

Años más tarde, en 1971, durante la intendencia de Saturnino Montero Ruiz, comenzó la construcción del complejo habitacional que hoy caracteriza al barrio. El proyecto se desarrolló con una modalidad que se apartaba de las políticas de erradicación de villas predominantes en aquella época: los propios vecinos tuvieron participación en el proceso de construcción de sus futuras viviendas.

Entre 1973 y 1974 se completaron las 122 unidades habitacionales, distribuidas en cinco tiras de edificios de tres y cuatro niveles y una torre de diez pisos. Con el paso del tiempo, el Justo Suárez se convirtió en una referencia de las experiencias de urbanización que contemplaron la organización comunitaria y la participación de sus habitantes.

Esa trayectoria también explica la importancia que adquiere el actual pedido de informes. Para los impulsores de la resolución, la política habitacional no puede limitarse a la construcción y posterior entrega de las viviendas, sino que debe contemplar una responsabilidad estatal sostenida en el tiempo.

En los fundamentos del proyecto se remarca que la obligación del Estado no termina cuando se entregan las llaves. El mantenimiento, la conservación, las mejoras permanentes y una gestión integral de los complejos forman parte de las responsabilidades públicas necesarias para preservar las condiciones de vida de sus habitantes.

Los 18 complejos bajo la lupa

El requerimiento aprobado por la Legislatura alcanza a un conjunto amplio de barrios y desarrollos habitacionales distribuidos en distintos puntos de la Ciudad. Además del Justo Suárez, la nómina incluye a Barrio Carrillo I y II, Barrio Nágera, Barrio Piedrabuena, Conjunto Habitacional Castex, Consorcio XVI, Donnizetti, Dorrego, Espora, General Savio, Illia, J. J. Castro, Lafuente, Rivadavia I y II, Samoré, Soldati y Copello.

La inclusión de estos conjuntos busca obtener un diagnóstico actualizado sobre las condiciones en las que se encuentran, conocer las necesidades de infraestructura y establecer qué respuestas está ofreciendo el Ejecutivo frente a los problemas de conservación y mantenimiento.

En el caso de Mataderos, la iniciativa vuelve a poner el foco sobre un barrio que forma parte de la historia urbana y social de la zona. Su experiencia de construcción participativa constituye un antecedente significativo, pero también plantea un desafío que continúa vigente: garantizar que las viviendas construidas hace décadas mantengan condiciones dignas y seguras para las generaciones que las habitan.

Con la aprobación de la resolución, el Gobierno porteño deberá responder sobre la situación de los 18 complejos. La información solicitada permitirá conocer el alcance de las políticas de mantenimiento, las inversiones realizadas y las medidas previstas para atender las demandas habitacionales. El debate, en definitiva, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para miles de familias: el derecho a una vivienda adecuada también depende de que el Estado garantice su conservación a lo largo del tiempo.