Deportivo Español denuncia a Caruso Lombardi
La dirigencia del club de Parque Avellaneda prepara una presentación penal por presuntas irregularidades en la concesión de dos canchas de césped sintético. La denuncia incluiría acusaciones de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, además de supuestas presiones contra integrantes de la actual Comisión Directiva.
La conducción de Deportivo Español se prepara para avanzar con una denuncia penal contra el exentrenador y exmanager Ricardo Caruso Lombardi, a raíz de una serie de presuntas irregularidades detectadas en la concesión de dos canchas de césped sintético ubicadas dentro del predio que la institución posee en Parque Avellaneda.
Según informó la actual dirigencia, una auditoría interna impulsada durante la gestión de la presidenta María Sol Méndez habría permitido detectar documentación y operaciones que, de acuerdo con la interpretación del club, podrían configurar distintos delitos. La presentación judicial contemplaría acusaciones por usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, además de señalar supuestas maniobras destinadas a impedir que la institución recuperara el control de los espacios.
El punto central del conflicto está relacionado con un convenio mediante el cual se habría otorgado la explotación de las dos canchas de césped sintético hasta el año 2036. Desde Deportivo Español sostienen que ese acuerdo fue instrumentado durante la gestión encabezada por Diego Elías y que no contó con la aprobación de la Comisión Directiva ni de la Asamblea, instancias que, según la posición de las actuales autoridades, resultaban necesarias para comprometer el patrimonio y el uso de instalaciones del club durante un período tan prolongado.
La operación habría involucrado a Uriel Videtta y a la firma Zoe Capital, vinculada a Leonardo Cositorto. De acuerdo con la denuncia que prepara la institución, el contrato establecía un canon de carácter simbólico de $1.000.000 anuales, aunque las actuales autoridades aseguran que ese dinero nunca habría ingresado a las arcas del club.
A esto se suma otro de los aspectos que la conducción de Deportivo Español considera especialmente perjudiciales: la utilización de las canchas habría terminado restringiendo el acceso de las divisiones inferiores a un sector del predio. Para la actual dirigencia, esa situación no sólo habría afectado los recursos económicos de la institución, sino también el normal desarrollo de las actividades deportivas y formativas.
La denuncia también incorporaría un capítulo referido a las supuestas presiones ejercidas sobre integrantes de la actual Comisión Directiva. Siempre de acuerdo con la versión difundida por las autoridades del club, Caruso Lombardi habría intentado impedir la revocación del convenio mediante advertencias sobre una eventual exposición pública de los dirigentes.
Desde la institución sostienen que el exentrenador habría amenazado con “matarlos” mediáticamente si avanzaban con la cancelación del acuerdo, mencionando para ello espacios periodísticos como TN Deportivo y el canal de streaming Aura. La acusación forma parte de la reconstrucción realizada por la actual conducción y deberá ser evaluada por la Justicia junto con el resto de los elementos que eventualmente sean aportados al expediente.
El conflicto no se limita, según el club, a la explotación de las canchas. La auditoría también habría detectado que los concesionarios subalquilaron un sector del predio para instalar un buffet, donde se realizaron obras sin las autorizaciones que correspondían.
El establecimiento gastronómico habría funcionado sin habilitación operativa y sin los permisos exigidos por las autoridades porteñas. La situación derivó en distintas actuaciones administrativas y, finalmente, en una clausura definitiva dispuesta por la Agencia Gubernamental de Control, de acuerdo con la información suministrada por Deportivo Español.
Las actuales autoridades consideran que este episodio constituye otro elemento que debe ser investigado, ya que el espacio habría sido utilizado para una actividad comercial sin que se hubieran completado previamente los trámites necesarios ante los organismos correspondientes.
Otro de los argumentos que la dirigencia pretende incorporar a la presentación judicial está relacionado con la situación dominial de los terrenos. Según sostienen desde Deportivo Español, la institución no contaba con el permiso de uso de las tierras al momento en que se habría firmado el convenio, circunstancia que, a criterio de los denunciantes, agrava las presuntas irregularidades detectadas.
La conducción del club entiende que la utilización de un inmueble público para una actividad privada, sin las autorizaciones correspondientes, podría encuadrar en las disposiciones del artículo 181 del Código Penal, referido al delito de usurpación. Será, de todos modos, la Justicia la que deberá establecer si los hechos denunciados efectivamente configuran ese delito y determinar las eventuales responsabilidades individuales.
El caso abre así un nuevo frente institucional para Deportivo Español, una entidad que atraviesa desde hace años distintos conflictos vinculados con la administración y el uso de sus instalaciones. La actual conducción busca ahora que la Justicia revise la documentación relacionada con la concesión y determine cómo se originó el acuerdo, quiénes intervinieron, qué autorizaciones existieron y si hubo perjuicio económico o institucional para el club.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia que la dirigencia prepara para presentar ante la Justicia y no constituyen una condena ni implican que los delitos denunciados hayan sido acreditados. La investigación judicial deberá establecer, a partir de contratos, documentación contable, testimonios y demás elementos de prueba, si existieron las irregularidades señaladas por las autoridades de Deportivo Español y cuál fue la participación que eventualmente correspondió a cada una de las personas mencionadas.